San Pedro Cholula, Ajalpan y Zongozotla no quieren DAP 2023
Los ayuntamientos de San Pedro Cholula, Ajalpan y Zongozotla no solicitaron al Congreso de Puebla la autorización para cobrar el Derecho al Alumbrado Público (DAP) en 2023, aunque todavía pueden hacerlo.
El coordinador de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, anunció que los municipios tienen la posibilidad de sesionar en sus cabildos para incorporar el DAP en sus Leyes de Ingresos, como el año pasado 141 ayuntamientos lo hicieron de último momento.
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Igual que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el panista no prevé que haya sesión extraordinaria para avalar las leyes, ya que la meta es dictaminarlas a más tardar el 15 de diciembre, cuando terminará el periodo ordinario de sesiones.
Cuatro panistas se reúnen con Eduardo Rivera
Alcántara Montiel aseguró que por agenda personal no se ha reunido con el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pues no acudió al encuentro que cuatro diputados del PAN tuvieron con el edil para abordar la posibilidad de apoyar la propuesta de cobrar el alumbrado público.
“Lo que me han comentado es que se están llevando (la iniciativa) para analizarla y que no han tomado una decisión todavía en relación con su voto”, dijo al señalar que solo Oswaldo Jiménez López ha manifestado el sentido de su voto y que la mayoría espera a revisar el dictamen.
Será en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal donde el panista emitirá observaciones a la iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Puebla y mientras eso ocurre afirmó que el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, quiere cobrar el alumbrado, pero no ha buscado reunirse con la bancada del PAN para analizar el tema.
El 24 de diciembre de 2021 la mayoría de los diputados locales negaron el DAP a los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, y lo aprobaron para 144 municipios en las Leyes de Ingresos 2022.
El DAP es un derecho cuya fórmula fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el Congreso de Puebla legalizó el cobro porque antes se recaudaba como impuesto.
